Los derechos humanos constituyen un conjunto de principios universales que garantizan la dignidad, integridad, la libertad y la igualdad de todos los individuos sin distinción alguna. Fundamentados en la premisa de que cada ser humano posee derechos inalienables e intrínsecos, estos principios abarcan tanto derechos civiles y políticos como derechos económicos, sociales y culturales. La defensa de los derechos humanos es esencial para la justicia social y el progreso equitativo, además, constituye la base sobre la cual se construyen sociedades justas. De ahí que, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que originó múltiples tratados internacionales y legislaciones nacionales orientadas a la protección de los derechos humanos (Donnelly, 2013).

Durante la segunda mitad del siglo XX, América Latina experimentó periodos marcados por graves vulneraciones de los derechos humanos. Países como Brasil, Argentina, Chile y Perú enfrentaron dictaduras militares y civiles, así como, gobiernos autoritarios que atentaron contra los derechos fundamentales, como el derecho a la vida y la libertad. Aunque en las últimas décadas la región ha logrado avances significativos en materia de derechos humanos, la implementación efectiva de estos derechos sigue siendo un desafío, y persisten casos de vulneración de derechos, tales como restricciones a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica; criminalización de las acciones de los defensores de los derechos humanos; detenciones arbitrarias y juicios injustos; uso excesivo e innecesario de la fuerza; violencia de género; discriminación racial y marginación, entre otros (Amnistía Internacional, 2024).

Ante esta realidad, han surgido movimientos sociales e instituciones, tanto públicas como privadas, dedicadas a la promoción y protección de los derechos humanos. Entre las instituciones se encuentran los observatorios, que están presentes en todos los países latinoamericanos. Estas organizaciones contribuyen a la generación de datos relevantes en materia de derechos y políticas públicas, y proponen mejoras a la administración pública (Natal; Díaz, 2014; Angulo, 2009). Cuando están vinculados a instituciones de educación superior, los observatorios también contribuyen en la docencia, investigación y vinculación de profesores y estudiantes con la sociedad, además de sistematizar la información sobre sus acciones en el ejercicio de los derechos. Asimismo, analizan la situación social, política, jurídica, económica y cultural de los territorios en los que operan, con el fin de identificar las necesidades de la población en materia de derechos humanos y verifican cómo la normativa vigente, efectivamente, garantiza esos derechos (Rueda; Morantes; Calderón, 2015).

Estos observatorios académicos han sido objeto de estudio, específicamente, sobre sus procesos de creación, implementación y funcionamiento. La literatura existente muestra que contribuyen al ejercicio de la ciudadanía responsable, informada y deliberativa; fomentan la participación social y el diálogo para supervisar y acompañar las políticas dirigidas a garantizar los derechos humanos; y formulan recomendaciones contextualizadas para su cumplimiento. Además, empoderan a los actores para que tengan incidencia en la formulación, fortalecimiento o reorientación de políticas, y capacitan para mejorar los servicios ofrecidos por el Estado (Correa; Butinof; Peralta, 2012; Bonett; Amaya, 2016; Barcia; Plua; Vargas, 2021; Bermúdez; Melo; Cardona, 2021; Delgado; Herrera; Castro, 2022; Rueda; Morantes; Calderón, 2015). Sin embargo, en Ecuador, la presencia de este tipo de observatorios es limitada, al igual que investigaciones que los aborden como sus unidades de análisis.

Por lo señalado, este trabajo analiza el corpus de conocimiento existente sobre los observatorios de derechos humanos en América Latina, y los caracteriza para destacar su importancia en la garantía de estos derechos. Además, desarrolla una propuesta de creación de un observatorio académico de derechos humanos en Ecuador, iniciativa que surge ante la escasez de estos observatorios en el país y la necesidad de contar con organizaciones que contribuya en la vigilancia, protección y promoción de los derechos humanos.

Para llevar a cabo este trabajo, se empleó una metodología cualitativa que combina investigación documental, el método hermenéutico-heurístico y el análisis categorial. Además, se construyó una base de datos con la información recopilada sobre los observatorios de América Latina, lo que permitió su caracterización. La información obtenida fue analizada y organizada en cuatro secciones: la primera aborda el componente teórico sobre los observatorios; la segunda explica el proceso metodológico aplicado; la tercera caracteriza los observatorios de los derechos humanos en América Latina, y expone el estado de la cuestión de estos. La última sección presenta la propuesta de creación de un observatorio académico de derechos humanos.

Este estudio requirió la consideración de un marco conceptual que permitiera, en primer lugar, comprender qué es un observatorio de derechos humanos. En términos generales, la palabra observatorio se derivada del latino observare, que significa “examinar o estudiar con atención, advertir o darse cuenta de una cosa, hacer notar o señalar, y la definición literal describe un lugar apropiado para hacer observaciones” (Téllez, 2003, p. 5). Entonces, para realizar este examen y determinar qué se observará, se requiere de la identificación de problemáticas y necesidades sociales; de las expectativas e intereses de los actores; así como, de los conflictos internos y externos, que afectan un espacio geográfico específico.

En América Latina, se ha creado una amplia variedad de observatorios que abordan diversas problemáticas. Natal y Díaz (2014), ante esta diversidad y con el objetivo de facilitar su estudio, proponen la siguiente tipología: académicos, públicos, internacionales y ciudadanos. Los observatorios académicos, en particular, tienen como propósito comprender los fenómenos sociales y/o evaluar políticas públicas, involucrando la participación de docentes y estudiantes con conocimiento o interés sobre los tópicos abordados en los observatorios. Para llevar a cabo sus funciones y difundir los resultados de sus observaciones, estos observatorios se apoyan en los recursos de las universidades y su autonomía.

Los observatorios públicos, por su parte, son conformados por instituciones estatales y se centran en asuntos públicos y en el seguimiento de políticas específicas, con el objetivo de determinar estrategias de mejora o legitimar las acciones gubernamentales. El tercer grupo de observatorios son los internacionales, que colaboran con entidades estatales y la sociedad civil en temas de interés colectivo. Estos observatorios reciben fondos internacionales y su alcance trasciende las fronteras nacionales; dentro de este grupo se encuentran los observatorios coordinados por ONG. Por último, están los observatorios ciudadanos, que se caracterizan por su autonomía y se enfocan, principalmente, en la comprensión y seguimiento de las políticas públicas. Este grupo de observatorios no tiene restricciones en cuanto a su alcance territorial, pudiendo operar a nivel local, nacional o internacional, y también pueden recibir apoyo financiero de instituciones públicas, privadas y ONG (Natal; Díaz, 2014).

Enfocando el tema en los observatorios académicos de derechos humanos, estos se entienden como unidades al interior de las universidades que recopilan, organizan y analizan información relacionada con la vulneración de derechos en un territorio determinado, así como, con las acciones destinadas a su protección y promoción. Su labor se desarrolla en dos fases: la primera consiste en la recopilación, orden y análisis de datos cualitativos y cuantitativos; la segunda se centra en la difusión de los análisis mediante publicaciones como artículos científicos, libros, boletines, entre otros, que deben ser periódicas y servir como insumos para la sociedad civil, el Estado y organismos internacionales. En términos de su gestión, estos observatorios suelen operar de manera horizontal, basándose en principios de transparencia, rendición de cuentas y participación. Reciben recursos de organismos internacionales, del Estado, ONG o a través de la autogestión. El apoyo financiero es crucial para su sostenibilidad económica, aunque esto ha generado críticas respecto a su independencia, libertad y credibilidad de sus acciones (Rueda; Morantes; Calderón, 2015, p. 54-60).

Las funciones de estos observatorios, se enmarcan en el enfoque de derechos humanos que adoptan. Por ejemplo, el enfoque universalista, ampliamente aceptado a nivel internacional y fundamentado en teóricos como John Rawls, sostiene que los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, aboga por su universalidad y define su objetivo práctico como la consecución de la igualdad y la no discriminación. Por otro lado, el relativismo cultural, respaldado por reflexiones de autores como Clifford Geertz, argumenta que los derechos humanos deben adaptarse al contexto cultural de las poblaciones para garantizar el respeto a la diversidad cultural, critica las imposiciones de valores externos y busca fortalecer las sociedades multiculturales. Un tercer enfoque, el marxista, promueve la determinación de derechos humanos que transformen las estructuras sociales, argumentando que los derechos vigentes están alineados con el sistema capitalista hegemónico y funcionan como herramientas para mantener el statu quo (Donnelly, 2013; Brokmann, 2009).

Otros dos enfoques, ampliamente aceptados en América Latina, son el intercultural y el basado en las capacidades humanas. El enfoque intercultural, analizado por Boaventura de Sousa Santos, busca un entendimiento común de los derechos humanos mediante el diálogo entre diferentes grupos culturales, ya que esto facilita alcanzar la finalidad práctica de los derechos: la cooperación, la convivencia pacífica y el respeto mutuo. Por otra parte, el enfoque basado en las capacidades humanas, propuesto por Amartya Sen, sostiene que los derechos humanos deben promover el desarrollo de capacidades para alcanzar la justicia social y la equidad. En la actualidad, este enfoque ha tenido una alta aceptación, especialmente en las discusiones sobre nuevas alternativas para el desarrollo integral de las sociedades frente a un sistema capitalista, que amenaza la dignidad de las personas y pone en peligro no solo la vida humana, sino también el planeta en su conjunto (Ibáñez, 2014).

A partir de lo señalado, se entiende que los observatorios de derechos humanos son organizaciones dedicadas a la vigilancia, promoción y protección de los derechos humanos en un país o una región. Pueden operar de manera independiente, en colaboración con la ciudadanía o como parte de instituciones públicas, universidades u ONG. Es común que sus modelos de gestión y estructuras organizacionales sean horizontales, lo que facilita la colaboración entre diversos actores. Además, estos observatorios suelen enfocarse en áreas específicas de derechos humanos, como los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de niños y adolescentes, los derechos de las mujeres, o en los derechos humanos en general, como se explicará con mayor detalle en los siguientes apartados.

Este artículo se desarrolló mediante una investigación de enfoque cualitativo con un nivel de profundidad descriptivo-explicativo. En particular, se aplicó el método heurístico, empleado en investigaciones que requieren la recopilación exhaustiva de conocimientos en un área específica y una exploración minuciosa de fuentes. Complementando la heurística, se utilizó el método hermenéutico, que facilita la interpretación del conocimiento obtenido de las fuentes documentales, situándolo en su contexto.

Esta combinación metodológica facilitó el acercamiento integral a los observatorios de derechos humanos en América Latina, permitiendo no solo comprender su funcionamiento, sino también identificar aspectos comunes, desafíos, oportunidades, fortalezas, categorías de análisis, y otros elementos clave que emergen al aplicar la investigación cualitativa. De este modo, se exploraron bases de datos bibliográficas con Scopus y Scielo, repositorios universitarios, redes sociales y páginas web, con el fin de recopilar documentos relacionados con los observatorios de derechos humanos.

Con la información recopilada, se procedió al procesamiento y análisis mediante dos estrategias: el análisis categorial y la construcción de una base de datos. En cuanto a la primera estrategia, Aristizábal y Galeano (2008, p. 164) señalan que este tipo de análisis requiere mantener siempre como referente el objeto y los objetivos de la investigación, así como “las dimensiones o temas eje que define el grupo [de investigación] a través del consenso, basado en la lectura de fuentes secundarias, la argumentación y la interacción permanente con los diferentes actores del proceso investigativo”.

Por esta razón, se realizó una lectura exhaustiva y crítica de la literatura sobre los observatorios, identificando y relacionando categorías como contextos (sociales y políticos), perspectivas y enfoques sobre derechos humanos que guían sus prácticas (universalista, marxista, basado en capacidades, relativismo cultural, intercultural), gestión (modelos y estructuras horizontales y verticales, gobernanza y sostenibilidad), interacción con la sociedad (participativa y seudoparticipativa) y articulación con el Estado (injerencia en la política y administración pública).

Como resultado de esta primera estrategia metodológica, se construyó el estado del arte sobre los observatorios de derechos humanos en América Latina, se desarrolló un marco conceptual, y se identificaron elementos orientadores a considerar para la creación de observatorios académicos de derechos humanos. Esta información, al momento, no se ha encontrado sistematizada en otras investigaciones.

La segunda estrategia consistió en la construcción de una base de datos sobre los observatorios de derechos humanos en América Latina, que permitió caracterizar estas organizaciones. Este ejercicio se basó en la revisión, por cada país, de los portales web y redes sociales de los observatorios activos. En total, se identificaron 203 observatorios, y la información cualitativa recopilada permitió determinar aspectos como denominación del observatorio, su tipología (público, privado, internacional, ciudadano, académico y ONG), su ubicación (país y subregión: América del Norte, Centroamérica, Caribe y las Antillas y América del Sur), su misión y objetivos, el derecho o los derechos monitoreados y población sujeta a observación.

Para procesar la información de la base de datos, se realizó un análisis cuantitativo que generó estadísticas descriptivas sobre la distribución regional, los tipos predominantes de observatorios y sus áreas de enfoque. De esta forma, se categorizaron los observatorios según su ubicación geográfica, tipología (público, privado, académico, etc.), misión, derechos monitoreados y población objetivo. Adicionalmente, se realizó un análisis de contenido de las misiones y objetivos declarados para identificar tendencias y patrones en sus enfoques y metodologías.

Ahora, es necesario señalar que esta segunda estrategia presenta ciertas limitaciones. Por ejemplo, en América Latina pueden existir observatorios que, por diversas razones, no se visibilicen en medios digitales y, por lo tanto, no forman parte de la base de datos señalada. Así, los 203 observatorios identificados no reflejan, necesariamente, el total de observatorios de la región. No obstante, dada la escasa sistematización sobre los observatorios de derechos humanos, esta información contribuye a la literatura sobre estas organizaciones y proporciona elementos valiosos para la conformación de observatorios académicos de derechos humanos en Ecuador.

Los observatorios de derechos humanos en América Latina presentan una diversidad en su distribución geográfica, tipología, misión, gestión, entre otros aspectos. La producción académica sobre estas organizaciones es, relativamente, amplia y muestra el papel crucial que desempeñan en la vigilancia de los derechos humanos. A continuación, se explica detalladamente lo indicado.

Ecuador enfrenta desafíos significativos en materia de Derechos Humanos. Human Rights Watch señala que, en los últimos años, se han registrado incidentes relacionados con el uso excesivo de la fuerza por parte del Estado, particularmente en los enfrentamientos entre las fuerzas públicas y los movimientos indígenas ocurridos en el 2019 y 2021. Asimismo, no se ha garantizado plenamente los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades, como acceso a salud, educación, empleo, alimentos y otros bienes de primera necesidad, ni se ha proporcionado una reparación adecuada por el impacto social y medioambiental derivado de prácticas económicas extractivistas en sus territorios (Human Rights Watch, 2023).

En cuanto a los grupos de atención prioritaria, como las mujeres, el número de femicidios no ha disminuido. Por otro lado, los niños y las niñas siguen siendo víctimas de violencia sexual, con un 30% de las denuncias, entre 2014 y 2022, indicando que estos abusos ocurren en las instituciones educativas públicas y privadas. Igualmente, a pesar de avances como el reconocimiento del matrimonio igualitario, las poblaciones de diversidad sexo-genéricas continúan sufriendo discriminación y un trato desigual por parte del estado ecuatoriano. Asimismo, la población migrante enfrenta actos de xenofobia y restricciones de movilidad que contravienen los mandatos constitucionales y acuerdos internacionales, entre otras problemáticas (Human Rights Watch, 2023).

Lo mencionado es contrario con los mandatos constitucionales, especialmente, si se considera que la Constitución de Ecuador de 2008 es una de las más progresistas del mundo en cuanto al reconocimiento de derechos. Esta Constitución garantiza los derechos de la naturaleza, los derechos colectivos, y los derechos económicos, sociales y culturales. Además, reconoce el bloque de constitucionalidad conformado, entre otros, por los tratados internacionales de Derechos Humanos (Ecuador, 2008).

Ante lo expuesto, la creación de observatorios académicos de derechos humanos se vuelve esencial por su papel en la construcción y democratización del conocimiento, así como, en la generación de procesos y espacios de coconstrucción y coproducción de acciones en beneficio de la sociedad y el Estado. Los estudios sobre observatorios académicos en universidades como Antioquia (Colombia), Veracruzana (México) o Córdoba (Argentina) demuestran que estos observatorios integran la docencia, investigación y vinculación con la sociedad en el ámbito de los derechos humanos en las diversas carreras universitarias.

Esta integración ha permitido ir más allá de la visión tradicional de los observatorios como organizaciones dedicadas a la investigación y la divulgación, sumando otros objetivos como el intercambio de conocimientos y experiencias entre los docentes-investigadores y los estudiantes; la identificación de problemáticas de investigación y nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje; la conformación de equipos y nuevas líneas de investigación; la creación de redes con universidades nacionales e internacionales; la democratización del conocimiento; la formación de estudiantes con pensamiento crítico, reflexivo y político sobre los derechos humanos; y la investigación acción participativa con la sociedad civil (Aristizábal; Galeano, 2008; Correa; Butinof; Peralta, 2012; Becerra et al., 2020).

Entonces, estos observatorios constituyen organizaciones al interior de una institución de educación superior que monitorean, documentan y denuncian posibles violaciones de derechos humanos, promoviendo la cultura de respeto y protección fuera y dentro de la institución académica. Además, son el ente asesor en temas de derechos humanos para la comunidad, ayudando a la toma de decisiones informadas y en la implementación de políticas públicas. De esta manera, se fortalece la vinculación académica con la sociedad, impulsando el compromiso social y mejorando la visibilidad y prestigio de las instituciones académicas, al estar comprometidas con la justicia social y equidad.

En Ecuador, la creación de estos observatorios cuenta con un respaldo constitucional y legal. La actual Constitución introdujo el modelo de “Estado constitucional de derechos y justicia” (art. 1.1), amplió el catálogo de derechos (Título II) y reforzó la garantía de derechos (Título III). De este modo, la Constitución incorporó “las modernas tendencias del derecho internacional de los derechos humanos; la ampliación radical del sistema de derechos y garantías; el reconocimiento al carácter plurinacional, multiétnico y pluricultural de Ecuador” (Ortiz, 2018, p. 530-531). De igual modo, los artículos 95 y 204 establecieron el derecho de la ciudadanía, tanto individual como colectivamente, a participar en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, así como en el control popular de las instituciones estatales y de la sociedad, bajo principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, solidaridad e interculturalidad (Ecuador, 2008).

Entonces, la Constitución como Norma Suprema de carácter garantista, colocó a los derechos humanos en el centro de su estructura. Este texto constitucional promueve la protección integral de los derechos, asegurando su ejercicio pleno y efectivo. Reconoce los derechos fundamentales como el buen vivir, la naturaleza, la participación ciudadana, la igualdad, entre otros. Además, establece mecanismos de protección judicial, como la acción de protección, para garantizar el respeto y prevenir vulneraciones.

Por su parte, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en su artículo 1, propicia, fomenta y garantiza el ejercicio de los derechos de participación. Además, en su artículo 30, reconoce todas las formas de organización de la sociedad como expresión de la soberanía popular, destacando su contribución a la defensa de los derechos individuales y colectivos, así como su capacidad para incidir en la toma de decisiones y ejercer control social en todos los niveles de gobierno. Entre estas formas de organización se encuentran los observatorios, que están reconocidos en el artículo 79 de dicha ley (Ecuador, 2010).

Sin embargo, la creación de un observatorio de derechos humanos no depende únicamente de un marco constitucional y legal, sino también de estrategias de sostenibilidad. El estado del arte sobre estos observatorios en América Latina destaca que su sostenibilidad es un factor crucial a considerar desde sus orígenes (Ramos, 2019). Esta sostenibilidad debe ser integral, superando el aspecto financiero e incluyendo otros elementos clave, como la gestión. En este sentido, es fundamental que la conformación de un observatorio considere aspectos como la identidad, el enfoque conceptual, los fines y propósitos alcanzables, la gobernanza, la operatividad administrativa, y las acciones estratégicas que aseguren su funcionamiento en el largo plazo.

En el contexto de un observatorio académico, la sostenibilidad económica puede depender de dos acciones: por una parte, utilizar los recursos de la institución de educación superior a la que se vincula, así como aprovechar su personal. Por otro, puede buscar una autosostenibilidad económica mediante actividades como consultorías para instituciones públicas o privadas; la organización de cursos de educación continua con costos accesibles; y la capacidad de su personal, para establecer alianzas con actores nacionales e internacionales, que permitan un trabajo en red y la obtención de fondos externos que son indispensables, pero no marcan la sostenibilidad del observatorio.

En cuanto a la gestión, la sostenibilidad de observatorio académico requiere que se establezca desde el inicio un modelo de gestión y una estructura organizacional claramente definidos y conocidos por su personal, la universidad, la sociedad civil y el Estado. Este modelo debe facilitar tanto el desarrollo interno del observatorio como su relación con todos los actores y agentes públicos. Los observatorios académicos revisados dejan varias lecciones para la constitución de otros observatorios de su tipo, no solo en Ecuador, sino en América Latina. Estas lecciones incluyen la necesidad de un modelo de gestión flexible, capaz de adaptarse a los contextos, sociales, históricos y políticos de sus territorios; y de un enfoque democrático y participativo, que permite la toma de decisiones de forma colectiva entre los miembros del observatorio, las autoridades universitarias y la ciudadanía, fomentando así la participación activa.

Es así, que un posible modelo de gestión para un observatorio académico en proceso de creación debería estructurarse en dos esferas: una política o de gobernanza, responsable de la planificación, dirección, control, relacionamiento internacional e incidencia en las políticas y administración pública; y otra operativa, encargada de los procesos de investigación y documentación según grupos de trabajos especializados; vinculación y asesoría; educación y capacitación; comunicación y difusión. En esta estructura, las relaciones entre los miembros y los procesos deben ser horizontales, donde el principio rector sea la complementariedad entre la esfera política y la operativa. Esta complementariedad debe ser garantizada por un equipo coordinador, que incluya a representantes del observatorio, estudiantes, voluntarios de la sociedad civil, entre otros.

Respecto a la toma de decisiones, debe asegurare que estén alineadas con el cumplimiento de la misión del observatorio académico y fundamentadas en principios éticos. En estos principios se incluyen la independencia con relación a instituciones públicas y privadas, así como de individuos o colectivos externos a la universidad, para preservar la imparcialidad del observatorio; la transparencia, que otorga la legitimidad a la organización frente a la universidad, la ciudadanía, el Estado y los organismos internacionales; y la rendición de cuentas, que permite recibir retroalimentación, corregir errores y asumir la responsabilidad por sus acciones. Por último, la confidencialidad y protección de información son esenciales para fortalecer la confianza de la ciudadanía y las instituciones en el observatorio, y para asegurar que la información recopilada y difundida se maneje de manera ética y responsable. A continuación, se presenta un esquema (Figura 5) del modelo de gestión propuesto para la creación de un observatorio académico de los derechos humanos.

Figura 5 Fuente: elaboración propia.

A lo largo de América Latina, se encuentran observatorios activos cuya misión se centra en el monitoreo, la promoción y la garantía de los derechos humanos. Estos observatorios son diversos en su tipo (académico, públicos, ciudadanos, privados, internacionales y vinculados con ONG), en su enfoque para abordar los derechos que vigilan (ya sea de forma general o en áreas especializadas) e incluso en su distribución en cada país y subregión (México, Argentina y Colombia presentan el mayor porcentaje de observatorios).

Estas organizaciones han sido objeto de estudio durante los últimos 25 años, y la producción académica que se ha generado abordan problemáticas teóricas y prácticas, abarcando desde definiciones y tipologías hasta el análisis de casos concretos. Estos estudios han demostrado el aporte de los observatorios en el cumplimiento de los derechos humanos, su capacidad para adaptarse a los contextos cambiantes de sus países, y los desafíos que enfrentan para mantenerse sostenibles a largo plazo.

Dentro de este contexto regional, los observatorios académicos de los derechos humanos han demostrado ser valiosos en América Latina, ya que articulan su labor de vigilancia, promoción y protección de los derechos con procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación formativa y vinculación con la sociedad. Sin embargo, en el contexto ecuatoriano, tanto la literatura como la presencia de estos observatorios es limitada. De ahí, es fundamental llevar a cabo investigaciones que sistematicen las experiencias existentes y promuevan la creación de este tipo de observatorios en las universidades de Ecuador. Además, los observatorios activos deben mejorar sus estrategias de comunicación y adoptar mecanismos de evaluación y transparencia, que no solo impulsen su desarrollo interno, sino que también les permitan llegar a un público más amplio.

Por ello, este trabajo, basado en los observatorios analizados en las investigaciones desarrolladas en la región, proporciona elementos orientadores para la creación de observatorios académicos de derechos humanos en Ecuador, considerándolos como una herramienta oportuna y necesaria, para que las universidades contribuyan en el cumplimiento de los mandatos constituciones, legales y tratados internacionales sobre los derechos humanos. En este sentido, las instituciones ecuatorianas de educación superior deben conformar equipos interdisciplinarios compuestos por docentes y estudiantes, establecer alianzas estratégicas con instituciones estatales, organismos internacionales y la sociedad civil, y utilizar sus recursos tecnológicos para la creación, implementación y sostenibilidad de estos observatorios.

En cuanto a la sostenibilidad, esta no solo depende del uso de los recursos proporcionados por las universidades a los observatorios de derechos humano, sino también de la implementación de estrategias de autosostenibilidad y un modelo de gestión flexible, que facilité al observatorio su desenvolvimiento interno y su relacionamiento con el entorno. Para lograrlo, se propone que estos observatorios se constituyan bajo un modelo participativo democrático, que fomente relaciones horizontales, promueva la partición ciudadana, la acción social y el relacionamiento con observatorios regionales e internacionales para aumentar su impacto y garantizar su sostenibilidad tanto en términos financieros como de gestión. Además, que sus acciones estén mediadas por principios éticos como la independencia, transparencia, rendición de cuentas y confidencialidad. En resumen, solo a través de una gestión integral sólida y basada en principios éticos, estos observatorios podrán cumplir su misión de manera efectiva y sostenida en el largo plazo.